AMIANTO = ACTO CRIMINAL CONTRA LA CLASE OBRERA

La Dirección de Metro de Madrid y la Administración conocían el problema del amianto desde hace muchos años, mínimo desde que en diciembre del 2002 se prohibiera en España su uso y comercialización. Decir, 17 años después, que desconocían sus efectos es una falsedad, una mentira que ya no se la cree nadie. No hay excusas desde que sale la Ley (hasta se la saltaron descaradamente vendiendo a Argentina en 2011, por más de 4 millones de euros, trenes  con amianto en muchas piezas eléctricas). Simplemente han estado callados, aferrados a sus cargos y ganando mucho dinero, conscientes que, mínimo desde su prohibición, tendrían haber elaborado un registro de dónde había amianto, haber tomado las medidas preventivas necesarias en los puestos de trabajo y haber elaborado un plan de desamiantado completo con todas las garantías.

Sólo empiezan a actuar hace apenas un par de años porque se reconoce, por primera vez, la enfermedad profesional por exposición al amianto a un trabajador de Metro de Madrid (a Julián, nuestro compañero que falleció en octubre del año pasado). Es inadmisible, inconcebible e inaceptable que ningún representante de Metro, ni de la Administración, haya dimitido o le hayan cesado por la gestión del amianto, sucediendo además todo lo contrario porque se presentan nuevamente, o por primera vez, para ejercer cargos públicos, con total impunidad para seguir repartiéndose el pastel.

Este reconocimiento de enfermedad profesional también saca de su letargo al Comité de Empresa de Metro, hasta ese momento sigiloso con este tema. Entre otros, está formado por varios miembros que llevan años en él y que no se les había oído hablar mucho del amianto. Tampoco se ha escuchado hablar al Comité de Seguridad y Salud de forma destacada, por no decir que ha sido inapreciable. Parece que ahora sí. Menos mal porque los representantes de los trabajadores no pueden dejar pasar estas cuestiones o estar pasivos durante tanto tiempo ante un tema tan grave.

A día de hoy, queda mucho por hacer y la movilización de los trabajadores y las trabajadoras es imprescindible: ¡Todavía no sabemos dónde hay amianto en las instalaciones de Metro! Vamos al tran tran: Si los trabajadores vemos algo sospechoso llamamos para que vengan a comprobarlo ¿pero qué clase prevención es esa? Es obvio que no les interesa gastar dinero en la salud de los trabajadores porque tener un registro con la localización del amianto es indispensable. Otra muestra es la desviación de las pruebas médicas a la Seguridad Social cuando es responsabilidad de Metro asegurarse del estado de salud de sus trabajadores, con un T-CAR o cualquier otra prueba que sea necesaria, o la lentitud del plan de desamiantado, programada su finalización en el 2025 ¡23 años después su prohibición!

No podemos seguir conformándonos con palabras vacías y buenas intenciones:

¡Registro de la localización de amianto en Metro!

¡Plan de desamiantado ya!

¡Medidas de seguridad y salud efectivas!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *